Subfondo subordinado BID - Programa Udelar-Banco Interamericano de Desarrollo

En octubre de 1973, en el marco del gobierno cívico-militar, el Poder Ejecutivo intervino la Universidad de la República por parte del Ministerio de Educación y Cultura, destituyendo a las autoridades que habían sido electas en el marco del funcionamiento autonómico previsto en la Ley Orgánica no 12.549 que regía desde 1958. La dirección de la institución estuvo a cargo de decanos y rectores interventores hasta agosto de 1984 y de decanos, rectores y consejos transitorios entre agosto de 1984 y marzo de 1985. Y si bien en los primeros momentos de la intervención la persecución de docentes y estudiantes por motivos ideológicos tuvo un lugar preponderante, la retórica de transformación de la institución formó parte del discurso oficial tempranamente. La documentación incluida en esta serie es resultado de actividades tendientes a diagnosticar y proponer planes de mejora en distintos aspectos del funcionamiento universitario en este contexto, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo acordado con el gobierno nacional. En diciembre de 1976 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de recuperación contingente (ATC-TF (SP) 1513-UR) dirigido a colaborar en la elaboración de un plan de mejoramiento de la Universidad de la República. El convenio implicaba un aporte de 100.000 dólares a cargo del BID y 25.000 a cargo del estado uruguayo. A partir de octubre del año siguiente y durante la primera mitad de 1978 el préstamo permitió realizar diversas consultorías que reunieron información, elaboraron diagnósticos y formularon propuestas de acción a seguir en el marco de un eventual plan de mejoramiento futuro. Las áreas que abarcaron las consultorías fueron: equipamiento universitario; planificación física; carreras tecnológicas cortas; ciencias de la salud; ciencias básicas; requerimientos de profesionales y técnicos de nivel superior; investigación científica y tecnológica; formación y perfeccionamiento del personal docente; organización y administración universitaria. El trabajo de los consultores de cada una de estas áreas fue coordinado por José Landi en su calidad de consultor especializado en planeamiento de la educación superior y coordinador general del programa. El fruto del trabajo realizado, que movilizó a consultores extranjeros y a autoridades, docentes y funcionarios de la Universidad, fue un proyecto de mejora del conjunto de la institución, con especial énfasis en ciencias básicas, ciencias agropecuarias e ingeniería. A partir de las propuestas emanadas de las consultorías finalizadas en 1978, el 10 de diciembre de 1980 el Poder Ejecutivo representado por el embajador en Estados Unidos, Jorge Pacheco Areco y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron en Washington un contrato de préstamo “para cooperar en la ejecución de un proyecto consistente en el mejoramiento de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.” (Préstamo No 382/OC-UR). Mediante el decreto-ley número 15.155 de julio de 1981, el Consejo de Estado, órgano que ejercía funciones legislativas durante la dictadura cívico militar (1973-1985), aprobó el contrato celebrado en diciembre del año anterior y se autorizó el aporte nacional al financiamiento del proyecto. El contrato suponía un préstamo del BID por 32,5 millones de dólares y una contraparte local a cargo del estado uruguayo por 14 millones de dólares. El proyecto preveía cuatro líneas de acción que se llevarían a cabo durante cuatro años: Subproyecto de Mejoramiento Institucional, Subproyecto de Ampliación y Mejoramiento del Personal Docente y de Investigación, Subproyecto de Mejoramiento de la Planta Física y Subproyecto de Mejoramiento de los Equipos y Materiales destinados a enseñanza y a la investigación. El proyecto preveía diversas acciones, sobresaliendo un conjunto importante de obras en diversos servicios universitarios y la conformación de 58 grupos de investigación integrados por docentes y becarios en las áreas priorizadas por el proyecto. Ninguna de las dos principales líneas de acción lograron realizaciones concretas. A fines de 1983 en materia de infraestructura se había avanzado solamente en la formulación de los proyectos, sin llegar a realizarse las licitaciones correspondientes para la ejecución de las obras. Algo similar ocurrió con la contratación de docentes altamente calificados o la selección de becarios que realizarían estudios de posgrado en el país y en el exterior. Una línea de acción que fue parcialmente implementada fue el fortalecimiento de la oferta de carreras cortas que estaba previsto tanto para Montevideo como para el interior (en los departamentos de Salto y Paysandú), para lo cual en diciembre de 1983 se habían realizado 48 contrataciones para fortalecer las carreras de electrotécnica y electrónica y crear las de producción industrial, comercialización y documentación y archivo en Montevideo. Para la puesta en marcha del proyecto en 1982 se contrató nuevamente a José Landi en calidad de consultor en planeamiento universitario y coordinador general y se conformó una Unidad Ejecutora que estaría a cargo de la implementación. La Unidad Ejecutora, dependiente del Rector, fue institucionalizada mediante el decreto-ley 15.359 de diciembre de 1982 y su dirección recayó en el Contador Mario Esquibel desde febrero del año siguiente. A finales de 1983 el rector interventor Luis Menafra dispuso la no renovación del contrato del coordinador general externo y en mayo del año siguiente se dispuso cesar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora a partir del 30 de julio de 1984, mediante una resolución del rector interventor, Gonzalo Lapido, basado en una decisión del gobierno nacional de cancelar el proyecto acordado con el BID.